La ciudadanía movilizada: el nuevo enemigo

Fotografía de la movilización #ColombiaEnAlertaRoja #México en la CDMX el 8 de Mayo de 2021


El paro cívico que se vive en Colombia es el estallido de múltiples voces que aguantaban lo ‘que tocaba vivir’ y que ante un Gobierno que ha demostrado su ineptitud, pero que además es incapaz de comunicarse con su ciudadanía, no aguantó más. La reacción desproporcionada de la fuerza pública, la intensidad de los mensajes violentos del expresidente Uribe y el cómo un sector de la derecha corea, amplifica y multiplica mensajes incendiarios y fakenews ha evidenciado que ‘ante una Venezuela que no nos inicia la guerra’ y la inexistencia de ‘lafar’ armadas la ciudadanía movilizada se convirtió en el nuevo enemigo.

(Publicado en De largo aliento: Colombia, vox populi

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Por Rosa Cristina Parra

México, Mayo 13, 2021. Lo que se ha demostrado en las calles desde el 28 de Abril es un masivo hartazgo de una Colombia que no aguanta más la violencia, la desigualdad, la inequidad y la corrupción. El hartazgo hacia un gobierno que ha sido incapaz de conectarse con la ciudadanía, que no sabe comunicarse para aprovechar la movilización ciudadana para la construcción de las políticas públicas. Un presidente que en medio de la coyuntura más compleja de la historia reciente en el mundo, la pandemia por el COVID19, no solo ha mostrado su inexperiencia e incapacidad para generar respuestas articuladas sino que es cínico en sus actuar y ante la movilización masiva y ciudadana su única solución, obviamente haciéndole honor a su mentor, es el despliegue de la fuerza pública y la violencia.

¿Cómo llegamos hasta este punto?

La acumulación de una deuda histórica con muchas comunidades que no solo fueron oprimidas y despojadas desde la conquista, la colonia y la época de la esclavitud, sino que hemos dejado y mantenido en condiciones de vulnerabilidad. Esta deuda se traslapa con las heridas abiertas por la violencia política, que se contaminaron con la cultura mafiosa que nos permeó desde la época de los grandes carteles del narcotráfico y que se infiltró en casi todos los espacios políticos de gobierno en el país. (Proceso 8000, Parapolítica)

Sumado a los problemas históricos, en los últimos tres años hemos visto cómo el gobierno nacional, junto con el partido que lo respalda, ha venido cooptando todas las “ías”, (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Contraloria) los organismos que se crearon para luchar contra la corrupción, velar por la protección de los derechos humanos, y hacerle control al gobierno. Nos quedamos sin instituciones que garanticen imparcialidad y equilibrio de poderes. El Fiscal Francisco Barbosa es el mejor amigo del Presidente, y no tiene experiencia como penalista; la Procuradora Margarita Cabello era su Ministra de Justicia; el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien no tiene experiencia en derechos humanos, es exalumno de la Sergio Arboleda, universidad de la que es egresado el presidente y que ha estado muy vinculada al partido de gobierno; y el Contralor, Felipe Córdoba, fue elegido en el Congreso por las mayorías que respaldan al gobierno, y llegó incluso a proponer que un aeropuerto en Manizales se llame Iván Duque. Además el Presidente influye en otras instituciones que también requieren independencia como la Corte Constitucional, donde logró que, Paola Meneses, compañera de colegio, fuera Magistrada y nombró a Bibiana Taboada, hija de su exministra y embajadora Alicia Arango, como co-directora del Banco de la República. 

En otra capa de contexto, este año en Colombia un líder social ha sido asesinado cada dos días. Desde la firma del Acuerdo con las Farc en 2016, han asesinado a 1.166 personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales o excombatientes. El gobierno de Iván Duque no ha cumplido con los compromisos que corresponden en materia de gestión y atención con las comunidades en los territorios donde antes las Farc tenían presencia. 

Decisiones relacionadas con el uso de glifosato, el fracking o iniciativas como el puerto en Tribugá, han demostrado también la falta de conexión entre el gobierno nacional y las comunidades que esperaban un enfoque más centrado en los territorios. Incluso, el gobierno ha buscado a través de una gestión diplomática poner en entredicho el cumplimiento de las Farc al acuerdo, para encontrar formas de romperlo y echar para atrás los compromisos que le corresponden al Estado. 

Y para rematar, el presidente Iván Duque, a quien muchos celebraron por ser el ‘más joven’, (y nos ha salido ‘cantante’, ‘bromista’, ‘deportista’, ‘mandadero’ y ‘presentador’), no solo ha evidenciado ser el más inexperto, sino que fue a este presidente al que le tocó enfrentar la crisis ocasionada por el COVID19, un año muy doloroso. Alrededor de 80 mil personas han fallecido en el país; muchas familias llevan meses sin verse; se cerraron los vuelos internacionales por seis meses y muchas ciudades entraron en cuarentenas estrictas. Un año que en términos económicos produjo una contracción del PIB del -6.8%, que creó un aumento del desempleo y de la pobreza que nunca antes se había visto en Colombia. 

En este entorno, el gobierno decide presentar una reforma tributaria que afectaba particularmente a la clase media y que, aunque ampliaba la posibilidad de un ingreso solidario a las personas más pobres, no tocaba estructuralmente a las clases más altas, quienes son un porcentaje menor de la población pero concentran el mayor porcentaje de la riqueza económica (tenemos seis personas dentro de la lista de multimillonarios de Latinoamérica según Forbes). Además, que si bien es necesario tener una reforma fiscal que reorganice el esquema tributario en forma solidaria para impulsar la reactivación luego de la pandemia, el gobierno no supo comunicarla (Los huevos del ministro) ni llegar a acuerdos, presentaron además la reforma en salud, igualmente cuestionada, y se conoció la decisión del gobierno de crear 500 puestos en la Procuraduría, 1670 en la Contraloría y 1000 cargos en la Registraduría, creando más burocracia con altos sueldos, entre otros muchos gastos, como el programa diario en televisión del presidente. 

Mientras vivíamos ocho años de gobierno de Alvaro Uribe, ocho de gobierno de Juan Manuel Santos y tres de Iván Duque se empezó a dar paso una ciudadanía que se conecta para movilizarse. El uso de las redes sociales y de aplicaciones de mensajería han permitido que otras voces tomen los espacios de opinión pública, que se gesten movimientos que sacan millones de personas a las calles como sucedió con la marcha contra las Farc en 2008 o que reaccionan en forma rápida a hacer presión e incidencia como en 2016 con iniciativas como #PazalaCalle que, junto a otros movimientos, defendió lo que se había alcanzado en La Habana para que finalmente se aprobara el Acuerdo. 

Esa Colombia conectada es la que hoy se ha conectado y expresado en las calles, la que está inundando las redes sociales con todo tipo de expresiones, la que está llorando sus muertos, jóvenes en su mayoría, asesinados muchos por la fuerza pública o por ‘grupos de civiles armados’ impulsados por los discursos y el dinero de quienes quieren seguir manteniendo la guerra.

¿A quiénes les interesa mantener la guerra? 
La ciudadanía movilizada: el nuevo enemigo

Cuando en 2008, como coordinadora general de la Movilización Mundial contra las Farc, los periodistas me preguntaban si no temía represalias de las Farc por el mensaje contundente con el que estábamos convocando a esas marchas, siempre les respondí que no le temía tanto a las Farc como a quienes les interesaba seguir manteniendo la guerra. Y hoy lo confirmo, temo por las muchachas y los muchachos que están en primera línea y por personas como Lucas Villa, líder juvenil y manifestante quien fue asesinado en el Viaducto en Pereira. Yo le temo a quienes quieren seguir haciendo la guerra y por eso admiro más a la Colombia movilizada que grita en las calles que les quitaron tanto, que les quitaron hasta el miedo. 

Y esa ciudadanía joven que no teme, que se enfrenta, que graba videos y los comparte en TikTok, que transmite desde las calles en Instagram, ha llamado la atención de Greta Thunberg, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Demi Lovato, Justin Timberlake, Roger Waters, Don Omar, Residente, además de un grupo muy nutrido de artistas de Colombia Adriana Lucía, Chocquibtown, César López,  J Balvin, Shakira, Maluma, Juanes, Carlos Vives junto a deportistas como Falcao, James Rodríguez, el Tino Asprilla, René Higuita, Yoreli Rincón, Juan Fernando Quintero, Jackeline Rentería, Dávinson Sánchez, Duván Zapata, Luis Fernando Muriel, Yerry Mina y Nairo Quintana… entre muchas otras personas influyentes en la opinión pública en Colombia y el mundo. 

Y esa ciudadanía movilizada ha enviado cartas a organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos; invadió las transmisiones de la ONU de la semana pasada para decir SOSCOLOMBIA y se ha visto en decenas de ciudades en el mundo, con marchas, plantones y protestas llenas de música y color. 

Esa diversidad de expresiones y más es la que se vive en cientos de ciudades de Colombia, en calles y carreteras, desde la Costa Atlántica hasta la frontera con Ecuador. No ha sido solo una movilización en las ciudades; en los territorios que han tratado de crear otros escenarios luego de la desmovilización de las Farc y donde las bandas criminales emergentes (entre exAUC y exFarc) y el ELN siguen aún generando violencia, la gente también ha salido a marchar. 

Todas esas expresiones de una Colombia que está buscando entenderse en las calles, que abraza a miembros de la Policía y el Ejército cuando respetan la movilización pacífica; que ha logrado una amplia visibilización internacional y ha demostrado una ciudadanía conectada, robusta, madura y con voluntad de organizarse, que se sienta en mesas de diálogo con mandatarios locales y acuerdan cómo mantener la protesta protegiendo a toda la ciudadanía tiene hoy a quienes quieren mantener la guerra generando los actos más desesperados para que nos enfrentemos como sociedad civil y caigamos en actos tan absurdos como los que se han evidenciado en Cali, Jamundí y Popayán. 

Desde el expresidente Alvaro Uribe, el Centro Democrático, partido de gobierno, y funcionarios de Gobierno se han dedicado a asociar a las personas que se movilizan, en el discurso ‘público,’ con ‘el terrorismo’ “influenciadas por el castrochavismo’ que se quiere tomar Colombia. Un discurso de extrema derecha que ha cooptado cultural y socialmente a un sector ciudadano, personas de todos los estratos, especialmente de los medios y altos, que se han desconectado de lo que realmente sucede en los territorios.

¿Quiénes son? ¿Quiénes han encontrado en la ciudadanía al nuevo enemigo? Quienes no quieren un nuevo pacto social en Colombia; quienes hacen parte de una clase política y dirigente cómplice de la corrupción; quienes no quieren que se les cuestione su enriquecimiento ilícito; quienes no quieren responder por su complicidad con grupos armados ilegales para asesinar y desplazar a las personas y despojarlas de sus tierras; quienes han vendido el país poco a poco a los intereses de privados y han ‘tecnificando el campo’ mientras dejan a comunidades populares, afros, campesinas e indígenas sin tierra y sin agua y sin la posibilidad de seguir produciendo alimentos en forma sostenible; quienes tienen el control de los grandes emporios financieros y a la vez controlan los medios de comunicación ‘nacionales’; quienes han sido cómplices del narcotráfico, del lavado de dinero y del paramilitarismo; quienes deben pagar ante la justicia por 6.402 civiles asesinados y que fueron presentados como "bajas en combate" y mal llamados “falsos positivos”, son algunos de quienes hoy, para seguir manteniendo la guerra, convierten a la ciudadanía movilizada en el enemigo.

Lo más complejo es que aún esa ciudadanía movilizada no cobija todo el territorio y en espacios con presencia del ELN, las bandas criminales o bacrim (reducto de las autodefensas) y disidencias de las Farc los asesinatos de líderes sociales y los desplazamientos masivos continúan. 

De un gobierno que no sabe escuchar 
a un gobierno que utiliza la fuerza pública para ‘solucionar’ los reclamos sociales.

Esta ciudadanía movilizada ya venía siendo estigmatizada. Luego de que en 2019 se habían dado en Chile y Ecuador grandes movilizaciones ciudadanas, para noviembre de ese año las centrales obreras y colectivos estudiantiles anunciaron un paro nacional contra una serie de medidas de gobierno a las que se le llamó ‘el paquetazo de Duque’. La convocatoria socialmente recogió también la indignación social que se generó luego de que se conociera la muerte de alrededor de 18 niñas y niños tras un bombardeo de las fuerzas militares a un campamento de disidentes de la guerrilla.   

El partido de gobierno, en voz del expresidente Alvaro Uribe, declaró en ese entonces que la convocatoria era un intento del Foro de Sao Paulo para desestabilizar el gobierno, que “el derecho de la protesta social no podía estar al servicio de anarquistas internacionales y de grupos violentos” y que los grupos delincuenciales se escudaban en menores de edad que salían a marchar y además predijeron que habría vandalismo y violencia. Ilegalmente cuerpos de seguridad realizaron allanamientos en medios de comunicación alternativos y organizaciones sociales, y se militarizaron las ciudades. Se declaró el cierre de fronteras terrestres, algunas ciudades decretaron ley seca y otras toque de queda. 

La movilización fue multitudinaria y en diferentes ciudades en el exterior también se presentaron encuentros. Se presentaron actos vandálicos, en forma aislada, con la evidente intención de opacar la protesta pacífica. Sin embargo, comenzaron a extenderse rumores de que ‘grupos de venezolanos llegarían a robar a los conjuntos residenciales’ en particular en Bogotá y Cali. De la misma forma en que las cadenas de mensajes se movían a través de los dispositivos electrónicos la gente comenzó a evidenciar que no se estaban presentando saqueos; se reportaron casos donde se observaba a civiles bajar de camiones custodiados por la Policía y en otros casos se evidenció directamente la violencia de la fuerza pública contra jóvenes en las protestas y en barrios en la periferia de las ciudades. Colombia entonces caceroleó y las noches se llenaron del estridente sonido desde las ventanas, acatando las órdenes de toque de queda, o desde encuentros simbólicos en los parques cuando era posible. Durante dos meses, casi todos los días se generaron marchas y protestas en el país y en diferentes ciudades en el mundo. 

Cinco personas murieron, entre ellas Dilan Cruz quien, en el centro de Bogotá, recibió un proyectil en la cabeza de manos de un policía del ESMAD. Más de 750 personas resultaron heridas, entre policías y civiles.

Para ‘dar solución’ a la situación que se presentaba en las calles el gobierno nacional convocó a la Gran Conversación Nacional como mecanismo ‘para llegar a acuerdos’. El Comité del Paro se rehusó a participar; muchas organizaciones y personas desde la sociedad civil impulsamos conectar las movilizaciones en las calles con esos espacios donde el gobierno nacional marcó la agenda, indicó a quiénes invitar y anuló siempre a quienes les contradecían porque “los éxitos del gobierno eran muchos” aunque no se presentaran resultados. 

Cuatro meses de conversaciones sin ningún avance real. Cuando iban a presentarse formalmente “los resultados” y se habían convocado ya nuevas protestas inició la pandemia. A los pocos acuerdo alcanzados, como la firma del Acuerdo de Escazú, el gobierno no dio seguimiento.

El COVID19 le dió al gobierno de Duque un respiro.

Y aunque la pandemia ‘salvó a Duque’, 
el paro se descongeló.

Como mencionó el cantante Residente "Si un pueblo sale a manifestarse en medio de una pandemia es porque su gobierno es más peligroso que un virus”. Y ante las manifestaciones contra la reforma tributaria Iván Duque se dedicó a hacerle honor a la frase. 

La respuesta del gobierno desde el primer día de las movilizaciones ha sido la represión y la violencia de la fuerza pública. Con la excusa de actos de vándalos que infiltraban las marchas, la policía comenzó a recorrer nuevamente los barrios, a acorralar a las muchachas y a los muchachos que regresaban a casa o que se quedaban haciendo manifestaciones en calles y plazas. Y junto a ellos puso también el Ejército. A ambas fuerzas se sumaron grupos de civiles armados, provocados y envalentonados por discursos de ultraderecha, que especialmente en las noches salen a disparar y generar miedo en los barrios, o que se organizan estratégicamente para acciones como el ataque a la minga en Cali. El resultado de esta respuesta no puede ser más perturbador. Decenas de personas asesinadas por la policía, cientos de casos de violencia física, más de mil detenciones arbitrarias, víctimas de proyectiles dirigidos a los ojos y muchos casos de violencia sexual. (Al momento en que lea este texto revise en la cuenta de la organización TEMBLORES cuál es el último reporte)


Mucha infraestructura pública ha sido vandalizada, establecimientos comerciales y locales privados también. Se han bloqueado carreteras, entradas a ciudades y vías dentro de las mismas ciudades. Se ha interrumpido el transporte de alimentos, insumos y productos entre muchas ciudades. En algunos lugares se han creado corredores humanitarios pero ya, luego de más de dos semanas de paro muchas personas comienzan a exigir el desbloqueo de las vías para el libre tránsito. 

El gobierno retiró la propuesta de reforma tributaria, pero el daño ya estaba hecho con la agresión a la ciudadanía de parte de la fuerza pública. Y entonces, Iván Duque decide de nuevo convocar a una conversación nacional, pero comenzó invitando a dialogar a dirigentes políticos, líderes de opinión y a quienes había convocado en las mesas del año anterior. No ha querido encontrar espacios de diálogo con la gente movilizada. El Comité del Paro esta vez sí fue a uno de los encuentros, pero primero, llegaron reconociendo que no representan a toda la ciudadanía que está en la calle y no llegaron a un acuerdo inmediato de iniciar negociaciones, aunque el gobierno ha querido difundir mediáticamente su voluntad de diálogo. Mañana 16 de Mayo, está programado que por fin inicie la mesa de negociación entre el Comité del Paro y el gobierno nacional. El reto del Comité será poder recoger la mayor cantidad de reclamos de la ciudadanía movilizada y el del gobierno entender también que el Comité no representa a toda esa ciudadanía y que deberá generar los espacios y mecanismos de escucha reales en los territorios para escuchar más allá de los espacios en donde decide poner las reglas.

Mientras tanto la gente sigue en la calle, las movilizaciones en todo el mundo se realizan casi todos los días. La ciudadanía sigue visibilizando lo que sucede a través de las redes sociales #ColombiaEnAlertaRoja #SOSCOLOMBIA #SOSNOSESTANMATANDO #SOSCALI #SOSPOPAYAN #SOSBUGA #SOSBUCARAMANGA

El peligro: 
La manipulación para que la ciudadanía se enfrente entre sí. 
Del vote emberracado a los ‘ciudadanos de bien’ ‘los buenos somos más’. 

Los primeros días de las movilizaciones (28A, 1M), al parecer tomaron de sorpresa al gobierno y a su partido. La masividad, la diversidad, la alegría, la simultaneidad, la espontaneidad era como ver un ser mitológico de mil cabezas bailando y coreando en las calles de Colombia y el mundo. En varias ciudades se presentaron también actos vandálicos, contra la infraestructura de Transmilenio y el MIO por ejemplo, y simbólicamente en Pasto y Bogotá las personas que se manifestaban tiraron las estatuas de Antonio Nariño  en Pasto, Sebastián de Belalcázar en Cali y Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá.

Comenzaron a incrementarse los actos más violentos luego de las movilizaciones pacíficas durante el día, hasta la noche del 4 de Mayo en el que arremetieron contra las instalaciones de los Centros de Atención Inmediata de la Policía - CAI en varios barrios de Bogotá, incluso en uno le prendieron fuego con 10 policías dentro. 

Desde ese día inició la operación de comunicación de la “violencia ocurre por las manifestaciones”. Los medios de comunicación nacionales que no cubrían en su total diversidad lo que pasaba en el día en las calles ni reportaban lo que estaba sucediendo en las noches en las que la fuerza pública agredía a las personas en los barrios, comenzaron a centrar su atención en ‘la violencia’ y ‘el vandalismo’. Al tiempo, a través de contenidos que se enviaban por aplicaciones de mensajería y que luego aparecían publicados en redes sociales de influenciadores uribistas, líderes gremiales, miembros del partido de gobierno y funcionarios públicos hacían eco de la maldad del “narcoterrorismo chavista marxista cubano socialista” que está buscando apoderarse del país. Una estrategia de comunicación similar a la del voto emberracado en 2016, a través de la cual se manipuló con fake news e información tendenciosa a muchas personas para que votaran por el NO en el plebiscito del Acuerdo con las Farc.

En la medida en que la movilización se alargaba, mientras en la calle se comenzaron a escuchar los testimonios de jóvenes que están comiendo mejor en las ollas comunitarias en medio del paro que en sus casas, comenzó la contaminación mental y anímica de un gran sector de la población que no se siente identificado con las y los jóvenes y las comunidades que se encuentran en los bloqueos; que comenzó a reclamarles por seguir en la calle si ya habían retirado la reforma; que comenzó a quejarse porque no podían salir en carro de su casa; que empezó a evidenciar el miedo ante la vulnerabilidad por perder sus pertenencias materiales y a justificar las muertes de las muchachas y los muchachos en las calles porque seguro algo malo estaban haciendo. 

Luego de llamados de autoridades locales como el Alcalde de Pereira o de diversos mensajes del ex presidente Uribe alentando a los empresarios y ‘ciudadanos de bien’ de defenderse de ‘los vándalos’, las camionetas con vidrios polarizados y hombres en motocicleta comenzaron a recorrer las calles y a dispararle a los jóvenes. Líderes sociales en los territorios comenzaron a recibir amenazas y en ciudades con alta población estudiantil como Manizales y en zonas de Pereira y Armenia se esparcieron los rumores de “limpieza social”. También a raíz de publicaciones del ex presidente Uribe comenzó a posicionarse que Colombia estaba viviendo una “revolución molecular disipada”, teoría conspirativa divulgada por Alexis López un neonazi chileno que viajó dos veces a Colombia a dictar conferencias en la Universidad Militar Nueva Granada. 

El escenario para la tormenta perfecta: Cali

Todo fue escalando poco a poco en diferentes ciudades, pero en Cali todo se prestó para la tormenta perfecta. 

Cali es una ciudad próspera agroindustrial, empresarial y comercial pero con grandes déficits en atención a las comunidades más vulnerables por lo que vive una alta inequidad social. Ha recibido personas desplazadas por la violencia de todos los grupos armados y se encuentra en el camino de la alta migración venezolana que atraviesa el país buscando mejores oportunidades de vida al sur del continente. Cali es una ciudad que recibió muchas de las comunidades de excombatientes a quienes el gobierno nacional no les ha cumplido los acuerdos. Pero además, está en un enclave territorial de producción y rutas del narcotráfico, negocio que hoy controlan en Colombia los carteles mexicanos de Sinaloa,  Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y los Beltrán Leyva y tristemente un gran sector social mantiene viva la cultura mafiosa heredada desde el Cartel de Cali. 

Después de más de una semana de protestas, y aunque la minga indígena ya se había sumado a las movilizaciones y se encontraba en diferentes lugares de Cali acompañando a los jóvenes en los puntos de resistencia, el fin de semana algunos de sus integrantes fueron atacados por hombres vestidos con camisetas blancas que disparaban desde camionetas polarizadas y que terminaron hiriendo a 10 personas del colectivo. El representante a la Cámara César Pachón presentó una investigación que recopila las imágenes y videos del ataque a la minga y la señaló como un acto premeditado.. 

Lo que sí fue evidente es que mientras el gobierno no se sentaba a dialogar con las y los jóvenes de Cali, no buscó a la minga para facilitar diálogos en los puntos de bloqueos, el Ministro de Defensa si fue a visitar una comunidad de alto poder adquisitivo en Cali y a hacer además demostración de la fuerza pública que llegaba a cuidarles. 

En medio de la crispación del momento la comunicación que se difundió por medios de comunicación y los testimonios y mensajes de personas de la ciudad comenzaron a evidenciar una situación muy compleja. Miedo de las personas que se sentían amenazadas por la cercanía de los bloqueos y por la presencia de la minga y que tenían rabia e indignación por no poder salir y movilizarse libremente por la ciudad. Junto a ello también empezó a evidenciarse un lenguaje racista, discriminatorio y violento, con eco en los medios de comunicación, que estigmatiza a la comunidad indígena y a jóvenes de las comunidades vulnerables y que sumado a los sentimientos de miedo y de rabia está convirtiéndose en el escenario propicio para que la ciudadanía se enfrente entre sí y que quienes cuentan con mayor poder económico y capacidad de armamento tomen el poder de la situación. (En uno de los videos Carlos Andrés Betancourt, edil de la comuna 22 de Cali por el partido Centro Democrático afirmó que en la zona tenían más de 25mil armas y que las iban a usar si tocaba) 

Lo que pasa en Cali es solo una pequeña parte de una fotografía que se amplifica en las principales ciudades del país. La brecha entre quienes tienen más y quienes menos tienen no es solo un tema de recurso económico; se ha generado tal distancia entre las personas que estamos viendo a quien es distinto como enemigo; nuestros privilegios si han nublado la empatía y no somos capaces de entender la dimensión de nuestras carencias luego de un año de pandemia frente a las carencias de una persona en situación de pobreza en el mismo año. 

Nos quejamos de ‘algunas medidas del gobierno’ pero como tenemos qué comer, dónde dormir y un ingreso, nos quedamos mejor en un estado seguro, pero nos da rabia porque luego de tanta ‘cuarentena’ un paro ‘que no nos representa’ bloquea nuestro derecho a movilizarnos. Nos frustramos por las afectaciones a nuestros negocios, porque no podemos mover productos y mercancías y como no hemos tenido buenas ganancias este año, ahora que podemos recuperarlas bloquean las vías, pero no comparamos que lo que no ganamos en este año de pandemia no se dimensiona con lo que una persona en condición de vulnerabilidad perdió porque se quedó sin trabajo, sin sustento, perdió el lugar donde vivía y escasamente ha logrado conseguir para sus alimentos. Más del 60% de la población colombiana hace parte de este segundo grupo, porque hace parte del sector informal de la economía, sin garantías de seguridad social. El 68% de la población ha pasado de comer tres veces al día a dos. Así el nivel de la emergencia social en el país. 

¿Cómo salir de esto? 
No hay fórmulas mágicas, 
ante una sociedad en conflicto el diálogo es el único camino. 

Hay voces que reclaman la cabeza de Duque, pero le queda poco más de un año de gobierno y la gobernabilidad en tiempos de pandemia requiere que le exijamos lo que debe hacer como dirigente. 

Por el lado de tomar decisiones que ayuden a desescalar en forma inmediata la violencia, el gobierno debe retirar de forma inmediata las fuerzas armadas de las calles, desmilitarizar las ciudades. Lo primero, proteger la vida.

Para generar los escenarios que permitan la concertación desde unos mínimos, dada la responsabilidad sobre los actos de violencia contra la población deberían renunciar de inmediato el Ministro de Defensa, Diego Molano y el Comandante del Ejército, General Eduardo Zapateiro. 

Para buscar procesos que den legitimidad a esclarecer lo que ha ocurrido en estos días, el Defensor del Pueblo debería renunciar para dar espacio a alguien competente e independiente. 

Eso en materia de decisiones políticas inmediatas. 

Por otro lado facilitemos todos los espacios y momentos posibles para generar diálogos, diálogos para la escucha, diálogos para conocernos, diálogos para encontrarnos, diálogos para saber la otredad, diálogos para contar nuestra mismidad. 

Escuchar a los jóvenes de Puerto Resistencia, a las familias en Siloé, acompañar los diálogos en Jamundí. Y que vayamos a dialogar en Buga, Popayán, Manizales, Medellín, Bucaramanga. Que nos sentemos a escuchar a la minga y que luego cambiemos los papeles y nos escuchen. 

¿Quiénes? Todas y todos y en colectivo. Urgen más procesos activos y transparentes de convocatoria colectiva con representatividad y que no sean utilizados con interés electoral.

Muchas personas acusan a “la izquierda” de infiltrar violentamente las movilizaciones; a Gustavo Petro y a líderes del Pacto Histórico de promover las protestas. Si bien hay algunos grupos de manifestantes que expresan públicamente su preferencia electoral, la mayoría de la ciudadanía movilizada rechaza que aparezcan vocerías que utilicen la coyuntura con interés electoral.

Urgen más autoridades locales que asuman su responsabilidad en los territorios y generen espacios, seguros e incluyentes, de negociación y mediación en lo local; más dinámicas colectivas como lo hizo la Cámara de Representantes que participó en audiencia pública en Cali.   

Luego de un año que nos ha demostrado que tenemos que pensar un mundo distinto, tenemos que asumir también responsablemente iniciar a construir YA una Colombia que genere una reconciliación real superando la violencia, la desigualdad, la inequidad y la corrupción, un estado social de derecho que aún no hemos tenido aunque desde 1991 definimos así a Colombia. No podemos pensar que todo puede seguir igual después de un año tan doloroso y de dos semanas que también han sido dolorosas pero además estruendosamente diversas y contundentes. 

Con tantas brechas, con tantas distancias, con tantas separaciones, con tantos intereses que buscan que nos confrontemos, que nos señalemos como contrarios, la expresión más patriótica para salir de la crisis en medio de la pandemia, pero a la vez más amorosa de un país que defiende ante todo la vida, depende de que todas y todos en Colombia procuremos los espacios para estar y construir en diálogo porque todas las vidas son sagradas. 

Actualización 15 de Mayo.  Luego de terminado este texto y antes de su publicación sucedieron otros hechos que es necesario también relatar.

Popayán: Se conoció que una joven de 17 años se quitó la vida en Popayán, Cauca. La joven fue capturada por miembros del ESMAD de la policía en la calle, entre cuatro hombres la arrastraron y cargaron por la calle. En el camino ella gritaba que la estaban desnudando, que le estaban quitando el pantalón. La menor de edad fue llevada hasta la URI. Posteriormente fue entregada a su familia a altas horas de la noche. En la mañana, la joven publicó en sus redes que ella solo se encontraba grabando cuando los uniformados la abordaron y que “casi les da un mal” cuando la revisaron y se dieron cuenta que era menor de edad e hija de un policía. “Me manosearon hasta el alma” dice en su post. A las pocas horas se quitó la vida. 

¿Cómo afrontar tanto dolor? ¿Cómo además leer y escuchar a quienes ponen en duda la denuncia de la familia? ¿Cómo escuchar al General Alarcón diciendo que la denuncia que se ha viralizado en redes es desinformación hacia la fuerza pública? ¿Cómo entender las publicaciones en redes sociales de la Policía Nacional donde dice que su institución es “atacada por una noticia vil y ruin”, la cual es “replicada de manera irresponsable a través de redes sociales” cuando los videos evidencian el trato que le dieron a la menor. ¿Cómo, como mujer, como madre, como tía, leer las expresiones machistas y patriarcales que siempre le exigen a la mujer víctima demostrar que fue agredida porque le creen primero a su agresor? Ella ya no podrá hacer más para demostrarlo. Ella está muerta. 

Y ella no es el único caso en lo que va de las manifestaciones de mujeres abusadas sexualmente por miembros de la fuerza pública. Los cuerpos de las mujeres siguen siendo un campo de batalla.

Anoche fue asesinado otro joven en Popayán. La forma en que el ESMAD está utilizando indiscriminadamente el Venom está poniendo en inminentemente la vida de cualquier persona en el país.

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Jamundí. Luego de que el municipio se había caracterizado por movilizaciones pacíficas y por generar espacios de concertación entre las autoridades locales y las personas manifestantes, anoche fueron incendiadas el Consejo, la Alcaldía y la Secretaría de Hacienda. Aunque se había levantado la mesa de diálogo en el sector de Terranova los acuerdos se mantenían en proteger la vida y las manifestaciones pacíficas como se habían sostenido.

A alguien en Jamundí o en Colombia no le sirvió el tratamiento pacífico que se le dió al PARO en Jamundí, el acuerdo logrado para iniciar el levantamiento de lo bloqueos de manera pacífica, fue un mensaje nacional que incomodó lo suficiente para que anoche de manera extraña, se intentará manchar lo alcanzado” Duvalier Sánchez, Jefe de Gabinete de Jamundí. “acá todo es muy sospechoso, hay intereses de la política local y nacional involucrados

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En Buga durante se han generado enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública. A través de redes sociales se ha puesto en evidencia como miembros del ESMAD recorren las calles del municipio y lanzan gas lacrimógeno dentro de las viviendas. 

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En Bucaramanga, luego de enfrentamientos en la ciudad, han circulado videos en donde se observa a miembros de la Policía dentro de una instalación bancaria que después fue incendiada. Un caso similar a lo que había sucedido con el Hotel La Luna en Cali.

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Rosa Cristina Parra Lozano “Rosacris”, alias la araña, es comunicadora social y periodista, con una maestría en  administración pública. 

Tiene 23 años de experiencia en periodismo y comunicación. Se especializó en la práctica profesional en comunicación para el cambio social, luego de trabajar durante cerca de 10 años con diferentes agencias del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, ONUSIDA - OPS/OMS - UNICEF, OIT-IPEC como directora y jefa de comunicaciones. 

Se convirtió en #laaraña, luego de que en 2008 fuera coordinadora general de la movilización mundial contra las Farc, que, en forma simultánea en 183 ciudades en el mundo, promovió la participación activa de cerca de 14 millones de personas en un proceso que se gestó durante un mes en diferentes plataformas virtuales. 

También ha sido coordinadora y activista en procesos de movilización ciudadana como el movimiento NO MÁS, Todos por la Educación, Paz a la Calle, Brigada Digital, KITUM activismo humanitario, Frena la Curva, entre otros. 

Vive en México desde 2011. Trabajó en la Secretaría de Gobernación, en el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y en la Procuraduría General de la República.  Ha sido además consultora y asesora en comunicación política, comunicación pública y movilización ciudadana en diferentes procesos en Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Bolivia y Cuba.

Es voluntaria de diferentes colectivos en Colombia y México, Colombia Soy Yo, Me Muevo por Colombia, El Avispero, KITUM. Hace parte de diferentes colectivos internacionales que están acompañando las protestas en Colombia: Defendamos la Paz Internacional, Me Muevo por Colombia (Mx) y de la iniciativa #DialogarparaAvanzar que está buscando articular procesos de diálogo para detener la violencia y gestar acciones de construcción colectiva como respuesta a la crisis.


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